El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) inició el análisis sobre la transparencia de los contratos firmados por la Comisión Europea para la adquisición anticipada de vacunas contra la Covid-19, tras una evaluación crítica de su Abogado General. El letrado cuestionó la opacidad en el acceso público a estos documentos, en particular la falta de divulgación de los nombres de los negociadores y las cláusulas que establecían indemnizaciones para las farmacéuticas.

La Comisión Europea había autorizado únicamente un acceso limitado a versiones expurgadas de los contratos, lo que generó una demanda judicial impulsada por eurodiputados y particulares interesados en revisar los términos de estos acuerdos. La controversia gira en torno a si la privacidad de quienes negociaron y la protección comercial de las empresas justifican la falta de transparencia, argumentos que el Abogado General rechazó en su informe.

El letrado destacó que la transparencia en esta materia es un “fin específico de interés público”, por lo que señaló que ocultar la identidad de los negociadores bajo el supuesto de protección de su privacidad no es una razón suficiente para restringir el acceso. Asimismo, criticó las versiones anónimas de las declaraciones de inexistencia de conflictos de interés, ya que impiden verificar la imparcialidad real del equipo negociador.

Respecto a las cláusulas de indemnización incluidas para salvaguardar a las farmacéuticas, el Abogado General consideró que la Comisión no presentó pruebas concluyentes de que su publicación suponga un daño a los intereses comerciales, por lo que recomendó que se permita un acceso más abierto a esa información.

Este proceso judicial se remonta a solicitudes realizadas en 2021 para acceder a los contratos firmados en 2020 y 2021, que garantizaban un pedido firme de más de mil millones de dosis con un valor en torno a 2.700 millones de euros. Los demandantes buscaban asegurar que dichos contratos protegieran adecuadamente el interés público, ante la controversia generada por los procedimientos opacos de la Comisión Europea.

Ahora, el TJUE debe decidir si ratifica las sentencias del Tribunal General de la UE que respaldaron el reclamo de mayor transparencia contra la Comisión, posicionamiento que había sido adelantado por la opinión del Abogado General, aunque esta no es vinculante para la sentencia final.