Estados Unidos anunció sanciones contra cinco entidades estatales cubanas, entre ellas tres empresas ligadas al conglomerado militar Gaesa, y contra una persona vinculada familiarmente con Raúl Castro. Esta medida forma parte de la estrategia estadounidense para presionar al régimen de La Habana y limitar su influencia económica y política.

Las organizaciones afectadas que pertenecen a Gaesa son el Banco Financiero Internacional (BFI) y Rafin, dos instituciones financieras que, según el secretario de Estado Marco Rubio, manejan fondos para el régimen cubano, además de Almacenes Universales, una empresa encargada de la logística y actividades portuarias. Además, fueron sancionadas la Empresa Siderúrgica José Martí, la mayor productora de acero en Cuba con reciente modernización rusa, y GeoMinera, compañía estatal dedicada a la explotación de minerales metálicos no niquelíferos, en cooperación con la australiana Antilles Gold y otros socios extranjeros.

También fue sancionada Annalie Lilliam Rueda Cardero, esposa de Alejandro Castro Espín, exjefe de inteligencia e hijo del expresidente Raúl Castro. Esta figura forma parte del entramado familiar señalado por Washington, que acusa a Raúl Castro de responsabilizarse por el derribo de avionetas del exilio cubano en 1996.

Este paquete de sanciones se suma a las imposiciones previas contra el actual presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, y a Castro Espín, en un contexto de creciente tensión entre Estados Unidos y Cuba. Marco Rubio describió al régimen cubano como un sistema que antepone el control político y la represión del pueblo sobre las necesidades básicas de la población y subrayó el rol de Gaesa como canal para desviar recursos hacia actividades represivas y espionaje antiestadounidense.

El secretario de Estado advirtió que cualquier entidad o banco extranjero que mantenga relaciones con estas organizaciones sancionadas corre riesgo de ser penalizado, por lo que instó a suspender de inmediato cualquier tipo de operación financiera o comercial con ellas.

Estas acciones forman parte de la campaña impulsada durante la administración de Donald Trump, que incluye la limitación de importaciones de combustible y restricciones a empresas foráneas que operan en sectores clave de la economía cubana como energía, defensa, minería y servicios financieros.