El gobierno de Estados Unidos revocó oficialmente las visas de los gobernadores Alfonso Durazo y Américo Villarreal, quienes permanecen en la mira por presuntos vínculos directos o indirectos con el crimen organizado o narcotráfico. Aunque ambos mandatarios niegan estas acusaciones, sus visas figuran como canceladas en los registros migratorios estadounidenses.
A pesar de la revocación, Durazo y Villarreal continúan en posesión física de sus visas porque no han intentado entrar recientemente a territorio de Estados Unidos, lo que impide a las autoridades retirarles formalmente los documentos. Las investigaciones detrás de la revocación, según fuentes, apuntan a posibles relaciones con actividades ilícitas, aunque no se han revelado detalles específicos de los expedientes.
El diario Los Angeles Times detalló que Durazo perdió su visa desde el año pasado, pero aún podría ingresar al país bajo un permiso especial de libertad condicional por beneficio público significativo, un mecanismo que el gobierno estadounidense usa para permitir la entrada temporal a personas que colaboran con autoridades o que tienen causas humanitarias. En el caso de Villarreal, su situación migratoria similar estaría vinculada a una investigación por presunto contrabando de hidrocarburos, lo que también le habría otorgado un permiso especial.
Tras las revelaciones, ambos gobernadores rechazaron públicamente las acusaciones. Durazo sostuvo en una conferencia que no existen pruebas que confirmen la revocación, mientras Villarreal calificó los señalamientos como falsos y carentes de fundamentos, sin mostrar sin embargo evidencia que acredite la vigencia de sus visas o entradas recientes a Estados Unidos.
Este caso se enmarca en una serie de cancelaciones de visas a políticos y funcionarios mexicanos que reportó Reuters el año pasado, en las cuales al menos 50 personajes públicos enfrentaron restricciones migratorias debido a investigaciones relacionadas con actividades ilícitas. Entre ellos destaca también el Gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, contra quien se presentaron cargos por narcotráfico ante una corte federal estadounidense.