Las familias de diplomáticos españoles en el exterior denuncian una preocupante falta de cobertura sanitaria que pone en riesgo su bienestar, especialmente tras la jubilación de los funcionarios. Este problema afecta a cónyuges e hijos que acompañan a los diplomáticos en sus destinos internacionales y quedan sin derecho a atención médica ni acceso a vacunas en ninguno de los países donde residen.

Un caso representativo es el del cónsul general en Córdoba, Argentina, Alejandro Alvargonzález. Su esposa, tras más de dos décadas de trabajo autónomo, solicitó la jubilación este año y, poco después, al requerir atención médica en Argentina, descubrió que su tarjeta sanitaria había sido dada de baja. La razón fue que Muface consideró que, al percibir una pensión en España, debía acceder al sistema de seguridad social español. Sin embargo, residiendo legalmente en Argentina, no tiene derecho a la cobertura en España, y en Argentina no logra contratar seguros privados asequibles debido a la edad y condiciones específicas.

Esta situación refleja un limbo legal que enfrentan muchos familiares de diplomáticos. Según el artículo 59 de la Ley de Acción y Servicio Exterior del Estado, el Gobierno debe garantizar que los familiares que acompañan a funcionarios destinados en el extranjero tengan acceso a una cobertura sanitaria equivalente a la que recibirían en España. Sin embargo, la realidad administrativa no corresponde con este mandato, y el Ministerio de Asuntos Exteriores aún no ha encontrado soluciones concretas para casos como el de Alvargonzález.

La falta de respuestas y el silencio oficial motivaron que el diplomático presentara una queja ante el Defensor del Pueblo. Esta denuncia pública ha generado preocupación en otros diplomáticos, quienes temen perder también la cobertura sanitaria que sus familiares han disfrutado durante años en el exterior. Algunos señalan que, sin esta protección, aceptar puestos en países con sistemas de salud privados costosos, como Estados Unidos, se vuelve insostenible.

La Asociación de Diplomáticos Españoles ha expresado su inquietud en una carta dirigida a las autoridades, advirtiendo que, además de la pérdida de las coberturas médicas, existen otros problemas relacionados con las prestaciones sociales y la continuidad de derechos para familias de funcionarios destinados fuera de España.