La venta de la unidad productiva del Córdoba CF quedó bajo investigación judicial tras la presentación de una querella que apunta a una presunta trama delictiva en la operación. Entre los señalados se encuentran el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, y el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, junto a varios directivos y empresarios vinculados al club y al grupo inversor que adquirió la entidad.

El juzgado de instrucción número 2 de Córdoba decidió abrir diligencias a raíz de la denuncia presentada por Hartmann & Morato Sports, antigua Bitton Sports, que acusa a todos los implicados de delitos como administración desleal, cohecho y tráfico de influencias. Además de Rubiales y Blanco, la querella menciona al administrador concursal del Córdoba CF durante la venta, Francisco Estepa; al exconsejero delegado Javier González Calvo; y a integrantes del grupo inversor Infinity, entre ellos miembros de la familia real bahreiní y directivos actuales del club.

La acusación sostiene que se diseñó un plan para transferir los activos del Córdoba CF a fondos vinculados a Bahréin, perjudicando a los acreedores legítimos. Según el escrito, la operación implicó un «vaciado de contenido y valor» del club para favorecer la constitución de una nueva sociedad mediante la venta de la unidad productiva a un precio inferior al real.

El proceso judicial comenzó después de la detención del antiguo presidente del club, Jesús León, hecho tras el cual se nombró a Estepa administrador judicial y concursal. La querella subraya que, apenas unos días después, Estepa solicitó la venta inmediata del activo, trámite que se realizó con una celeridad judicial excepcional y sin precedentes, lo que despierta sospechas sobre la transparencia y legalidad del procedimiento.

Entre las irregularidades denunciadas figuran que Estepa firmó el contrato de venta bajo su propia responsabilidad y sin mandato judicial, favoreciendo una oferta de compra de tres millones de euros presentada por Unión Futbolística Cordobesa (UFC), al tiempo que desestimó otras propuestas que superaban los nueve millones. Además, se le acusa de permitir que González Calvo ejerciera poder decisorio en el club incluso antes de la formalización de la venta.

El escrito también incluye a los representantes de Infinity, como Abdulla Al Zain, presidente actual del Córdoba CF, y otros consejeros vinculados al fondo de inversión de Bahréin, quienes supuestamente habrían participado en el diseño y ejecución de este plan perjudicial para los acreedores.

Este caso coincide con otro juicio sobre la gestión de Carlos González en el club, lo que enmarca una etapa turbulenta en la administración del Córdoba CF y pone bajo la lupa pública a figuras relevantes del fútbol y el deporte español.