El representante de Vox en el Ayuntamiento de València, José Gosálbez, continúa sin aclarar los detalles de su contrato como abogado con el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales, ocultando información que el Síndic de Greuges ha solicitado oficialmente. A pesar de las recomendaciones de este defensor del pueblo autonómico, el edil argumentó en el último pleno municipal que dichos requerimientos no son vinculantes, resistiéndose a revelar el contenido del acuerdo que mantiene en paralelo a su cargo público.

Esta postura genera controversia, pues Gosálbez cuenta con una dedicación exclusiva al Ayuntamiento y percibe un salario anual superior a los 88.000 euros, aunque está autorizado a ejercer la abogacía fuera del cargo, siempre que esta actividad sea «marginal» en términos de tiempo y retribución, según los criterios que el Síndic ha recordado en sus recomendaciones. Sin embargo, el contrato con el colegio profesional no consta en las declaraciones formales de actividades del concejal, lo que dificulta conocer cuánto tiempo dedica realmente a ese trabajo ni cuál es la remuneración que recibe.

El Síndic de Greuges señaló que la autorización para compaginar funciones no equivale a un permiso irrestricto y advirtió que la compatibilidad debe cumplir con límites claros para evitar conflictos de intereses. En este contexto, el acceso al contrato resulta indispensable para verificar si realmente se cumple con la condición de marginalidad, requisito central para validar la compatibilidad ilegal y éticamente.

El caso de Gosálbez no es aislado dentro del gobierno municipal. Presenta similitudes con la situación del concejal José Marí Olano, del Partido Popular, quien tampoco ha hecho pública la lista de empresas a las que asesora como abogado. Esta falta de transparencia ha sido cuestionada tanto por el Síndic como por la Agencia Antifraude, que han señalado el riesgo de posibles conflictos de interés al no disponer de información suficiente para evaluar el alcance de sus actividades privadas en relación con funciones públicas.

Olano, responsable de Grandes Proyectos, ha enfrentado la necesidad de abstenerse en varias adjudicaciones municipales para evitar incompatibilidades, poniendo en evidencia la complejidad de gestionar a la vez trabajos públicos y privados en la administración local. La ausencia de transparencia en ambos casos genera dudas sobre el cumplimiento ético y legal de sus responsabilidades.