Hacienda instauró una plataforma que permite retener pagos que la Administración pública debe a autónomos y pymes cuando estos mantienen deudas con organismos públicos. Este sistema, llamado Punto Neutro de Embargos, conecta las facturas pendientes de pago con los registros de deuda para interceptar fondos antes de que lleguen al beneficiario.
Cuando una Administración pública emite un pago por servicios contratados, la plataforma verifica automáticamente si el destinatario figura como deudor en alguna entidad pública, como la Agencia Tributaria, la Seguridad Social o comunidades autónomas. Si detecta deuda, avisa a la administración acreedora, que dispone de un plazo máximo de tres días para ordenar el embargo y retener total o parcialmente el dinero. Así, la entidad pagadora desvía el importe embargado directamente al organismo al que se le adeuda.
El listado de deudores se actualiza diariamente e incluye datos como NIF, nombre y apellidos. Permite integrar a entidades como ayuntamientos grandes, universidades y más adelante municipios pequeños y mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, quienes podrán adherirse seis meses después de la entrada en vigor del reglamento.
No se comunicarán a la plataforma las prestaciones de la Seguridad Social ni las devoluciones de impuestos; sin embargo, estas exclusiones no impiden un embargo si el deudor aparece en el listado. La permanencia de cada persona en la lista es de un mes, a menos que se renueve la anotación desde la administración acreedora, impidiendo que deudas queden ocultas.
Este mecanismo crea un control exhaustivo que puede afectar a cualquier autónomo o pyme con contratos en el sector público, ya sea con un ministerio o un departamento local, si acumula deudas con la Administración. Así, cada pago público se convierte en un punto potencial de embargo automático para garantizar el cobro de las deudas.