La unidad de delitos económicos de la Policía Nacional (UDEF) llevó a cabo una investigación que expone una conexión directa entre directivos de la aerolínea Plus Ultra y altos funcionarios del Ministerio de Transportes para asegurar un rescate financiero destinado a la empresa. Según el auto judicial, en estas gestiones estaría implicado el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, al que se alude como el "pana Zapatero" detrás de la operación.
El seguimiento policial detalla que el 22 de julio de 2020, Rodolfo Reyes, exconsejero de Plus Ultra relacionado en informes anteriores con negocios vinculados al expresidente venezolano Nicolás Maduro, recibió mensajes de sus superiores en la compañía comentando los resultados de una reunión con el entonces secretario de Estado Pedro Saura y su jefe de gabinete, Francisco Ferrer. En dicha reunión, les aseguraron que el Ministerio no decidía el destino final del rescate, pero sí ejercía un papel para "hablar bien" de las compañías aspirantes a la ayuda pública. Por su parte, Reyes respondió confirmando que detrás de esta intervención institucional estaba Rodríguez Zapatero.
Además, el auto revela un pago de 2.000 euros a Jésica Rodríguez, entonces pareja del ministro José Luis Ábalos, lo que se suma a las acusaciones de organización criminal, tráfico de influencias y blanqueo de capitales imputadas al expresidente Zapatero en el marco del rescate de Plus Ultra por 53 millones de euros.
La investigación también detalla que esta ayuda fue rubricada poco después por el Consejo de Ministros mediante el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Además, en diciembre del mismo año, Plus Ultra respondió a requerimientos de SEPI enviando documentación adicional para justificar la concesión de los fondos.
Este caso pone en evidencia la compleja red de relaciones entre la aerolínea, altos cargos del ministerio y figuras políticas prominentes, lo que ha derivado en imputaciones formales por supuestos delitos relacionados con la gestión irregular de fondos públicos. La investigación continúa para esclarecer las responsabilidades y eventuales irregularidades en la concesión del rescate.