Una investigación de la unidad de delitos económicos de la Policía Nacional (UDEF) apunta a la implicación directa del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en la gestión del rescate de Plus Ultra, una aerolínea rescatada con fondos públicos. Según el auto judicial, Zapatero estaría detrás de influencias que facilitaron la concesión de ayudas por 53 millones de euros.
El documento recoge comunicaciones detalladas entre los directivos de Plus Ultra y miembros del Ministerio de Transportes, en particular con el entonces secretario de Estado Pedro Saura y su jefe de gabinete Francisco Ferrer. En una reunión mantenida en julio de 2020, los responsables de Plus Ultra fueron informados de que el ministerio apoyaría públicamente a las compañías aspirantes al rescate, un respaldo que consideraron ya asegurado gracias a «nuestro pana Zapatero».
La investigación también destaca el pago de 2.000 euros a Jésica Rodríguez, quien fue pareja del ministro José Luis Ábalos, hecho que se incorpora al caso sobre supuestas mordidas y tráfico de influencias vinculadas con el rescate. Este detalle forma parte de las imputaciones presentadas contra Zapatero por delitos que van desde organización criminal hasta blanqueo de capitales.
Este proceso judicial revela además conexiones internacionales, ya que uno de los antiguos consejeros de Plus Ultra, Rodolfo Reyes, está vinculado a controversias originadas en Venezuela, relacionadas con el entorno del expresidente Nicolás Maduro, lo que añade un tono político y económico complejo al caso.
Tras las reuniones con el ministerio, el rescate avanzó rápidamente. Al día siguiente de esos encuentros, el Gobierno aprobó el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), mecanismo gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para canalizar ayudas públicas a compañías consideradas estratégicas.
A lo largo del proceso, Plus Ultra respondió a los requerimientos de SEPI, aportando documentación y aclaraciones que culminaron en la formalización del apoyo económico. Sin embargo, la investigación cuestiona la transparencia y la legalidad de la manera en la que se gestionó este respaldo, sobre todo ante las señales de influencias políticas y posibles comisiones irregulares.