Jorge Azcón, presidente del Gobierno de Aragón, planteó durante un encuentro en Barcelona que la reforma del sistema electoral debe ser una prioridad para España. En su opinión, el actual sistema basado en la ley D’Hont ha garantizado la representación de diversas sensibilidades políticas, pero requiere un ajuste que permita un mayor índice de gobernabilidad sin perder proporcionalidad.

Azcón propuso un pacto entre el PP y el PSOE como vía para impulsar esta reforma electoral, inspirándose en modelos como el griego que añaden un plus para garantizar mayor estabilidad en la toma de decisiones por parte de los gobiernos elegidos. Según el mandatario aragonés, la política actual enfrenta dificultades precisamente por la falta de capacidad gubernamental para avanzar en sus programas.

En el mismo diálogo, Azcón criticó el modelo de financiación autonómica que impulsa el Gobierno central en alianza con ERC. Consideró que esta propuesta no responde a las necesidades reales de las comunidades y profundiza la desigualdad, especialmente en Aragón. Alertó que la financiación basada en el principio de ordinalidad perjudica a su región, que recibiría menos recursos por habitante que la media y que comunidades como Cataluña.

Al respecto, trasladó que la asignación de fondos no se sustenta en el coste real de los servicios públicos, lo que coloca a Aragón en una posición de desventaja. Cuestionó directamente las diferencias en la financiación y cuestionó por qué su comunidad recibirá miles de euros menos por habitante respecto a otras regiones.

Respecto a la gestión de los presupuestos autonómicos, Azcón reafirmó que un ejecutivo que no consigue aprobar sus cuentas debería convocar elecciones para que los ciudadanos ratifiquen o cambien la dirección política. Esta postura contrastó con la estrategia del presidente Pedro Sánchez, quien busca agotar el mandato sin mayoría clara. Azcón consideró ilógico mantener el Gobierno sin un respaldo presupuestario explícito.

Finalmente, el presidente aragonés expresó su rechazo hacia la última regulación sobre inmigración propuesta por el Ejecutivo central, calificándola de «chapuza» sin justificación, aunque el artículo no detalla más sobre este asunto.