La Audiencia Provincial de Madrid consideró incompatible que Rosa María Seoane, exabogada del Estado vinculada al caso Plus Ultra, represente a uno de los investigados en la causa donde está imputado el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. La letrada pretendía defender a un abogado que asistió a directivos de Plus Ultra para lograr un rescate público por 53 millones de euros.
El conflicto se origina porque Seoane trabajó previamente en el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, donde defendió al expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en la misma investigación. Los magistrados advirtieron que esta doble función podría generar un conflicto de interés con el nuevo caso conocido como Operación Tíbet, que instruye el juez José Manuel Calama en la Audiencia Nacional.
En el caso Plus Ultra, el exdirectivo Rodolfo Reyes solicitó apoyo jurídico para acceder a las ayudas públicas durante la crisis, mencionando incluso contactos políticos para facilitar el rescate. Aunque se logró una reunión con el entonces secretario de Estado de Transportes, Pedro Saura, las gestiones exitosas se atribuyeron a Julio Martínez Martínez, descrito por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) como el enlace principal del llamado “Grupo Zapatero”.
Rosa María Seoane recurrió la decisión judicial que la declaró incompatible para defender a uno de los abogados involucrados en esta causa, quien finalmente fue derivado a la Audiencia Nacional. La Audiencia Provincial ratificó su postura ante la apelación presentada por Seoane, reafirmando el posible conflicto derivado de su doble intervención.
La trayectoria pública de Seoane incluye su paso por la Abogacía del Estado durante el proceso independentista catalán (‘procés’), y su defensa en el caso Plus Ultra del expresidente de la SEPI, Bartolomé Lora. En aquella causa también se investigó a otras figuras políticas como la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen. Sin embargo, esa investigación terminó archivada tras una decisión de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Madrid.