La Comisión Europea ha decidido intensificar el procedimiento de infracción contra España por mantener un tratamiento fiscal desigual entre propietarios residentes y no residentes en el alquiler de inmuebles. En concreto, la legislación española actual permite a los residentes aplicar una reducción de hasta el 60% sobre la base imponible de los ingresos por alquiler de viviendas, beneficio que no está disponible para los propietarios extranjeros que no residen en el país.
Esta disparidad ha sido señalada como una vulneración del principio de libre circulación de capitales recogido en la normativa comunitaria, puesto que penaliza a quienes poseen propiedades en España pero tienen residencia fiscal en otro Estado miembro de la Unión Europea. Aunque España introdujo reformas fiscales en 2025, estas no corrigieron la desigualdad, manteniendo las ventajas fiscales exclusivas para residentes.
Actualmente, la legislación contempla deducciones que varían entre el 20% y el 90% de la base imponible derivada del alquiler de inmuebles, pero estos beneficios continúan siendo inaccesibles para no residentes. La Comisión considera que esta situación perpetúa la discriminación fiscal y limita la libre circulación de capitales dentro del mercado único europeo.
Como siguiente paso, España cuenta con un plazo de dos meses para responder formalmente a la Comisión Europea y proponer medidas correctivas. De no hacerlo, Bruselas podrá emitir un dictamen motivado, que es un paso previo a la presentación de una demanda ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Esta decisión afecta principalmente a miles de propietarios extranjeros que generan ingresos arrendando inmuebles en España, quienes quedarían protegidos por un régimen fiscal igualitario si se obliga al Gobierno a modificar el Impuesto sobre la Renta de No Residentes (IRNR). El expediente es parte de una serie de procedimientos abiertos por la Unión Europea contra España por incumplimientos en materia de normativa comunitaria.