En la actualidad, el Estado de Derecho muestra signos claros de debilitamiento. La excesiva complejidad normativa, junto con la multiplicidad de fuentes jurídicas, especialmente las de alcance supranacional, limitan la capacidad de los parlamentos y socavan la autoridad de la ley nacional. Esta situación genera una pérdida de seguridad jurídica y abre la puerta a interpretaciones arbitrarias que afectan directamente a la certeza del Derecho.
La jurisprudencia, aunque se fundamenta en la búsqueda de la justicia material, a veces sobrepasa sus límites y asume funciones propias del poder ejecutivo o legislativo, lo que genera tensiones institucionales. Además, la proliferación de normas —incluyendo regulaciones blandas o “soft law”— promueve una reregulación constante que menoscaba el prestigio y la claridad del orden jurídico.
El principio de legalidad, pilar del Estado constitucional de Derecho, ha atravesado en la historia momentos de grave fragilidad. En tales etapas, normativas permisivas permitieron arbitrariedades y violaciones masivas de derechos humanos, como ocurrió en regímenes autoritarios del pasado. Hoy, el incremento arbitrario de disposiciones y la ambigüedad en el lenguaje legal vuelven a poner en riesgo la protección efectiva de los derechos fundamentales.
En los sistemas democráticos, la vigencia del Estado social y democrático de Derecho requiere garantizar la dignidad humana y los derechos tanto individuales como sociales. La Administración pública debe actuar protegiendo y promoviendo estos derechos, ajustándose estrictamente a la ley y asegurando su efectividad práctica. De igual forma, el Poder Legislativo tiene la responsabilidad de establecer un marco normativo claro que respalde plenamente estos derechos.
Asimismo, la interpretación judicial debe alinearse con el principio de constitucionalidad, favoreciendo siempre la salvaguarda de los derechos fundamentales. Este enfoque refleja el metaprincipio de supremacía constitucional, que da sentido al principio de legalidad, especialmente en la actuación administrativa. Sin este respeto integral a la Constitución, la seguridad jurídica y la confianza ciudadana se ven gravemente comprometidas, poniendo en cuestión la estabilidad del propio Estado de Derecho.