El verdadero detonante de las demandas en el ámbito sanitario no es el error médico, sino la falta de información clara y transparente hacia el paciente después de un evento adverso. Durante un encuentro académico organizado por la Universidad Camilo José Cela y Grupo Promede, especialistas en salud y derecho señalaron que el silencio o la ocultación de datos derivan en una mayor litigiosidad.
María Rodríguez de Alba, directora médica de Responsabilidad Sanitaria en Promede, explicó que el giro hacia la reclamación legal ocurre cuando el paciente no recibe explicaciones sobre cómo y por qué ocurrió el incidente. Según ella, esta situación podría evitarse si el profesional asume la responsabilidad de brindar respuestas sobre lo sucedido, las acciones correctivas futuras y las medidas para prevenir nuevas incidencias.
El papel de la comunicación médica adquiere un valor no solo ético, sino también jurídico. Ofelia De Lorenzo, presidenta de la Asociación Española de Derecho Sanitario, recordó que la mayoría de las reclamaciones derivan de una deficiente comunicación entre médicos y pacientes. En contraste, cuando se ofrecen disculpas y se explica el contexto médico adecuadamente, la aceptación de la familia suele ser mayor, ya que reconocen que la medicina no es una ciencia exacta.
El curso ‘Del evento adverso a la reclamación’ reunió a profesionales sanitarios, juristas y gestores para analizar cómo la correcta gestión temprana transforma conflictos en oportunidades de mejora. El uso de métodos alternativos de solución de controversias, reflejados en la vigente Ley de eficiencia procesal, fueron parte del debate para reducir la judicialización médica.
Uno de los mensajes clave es que la información no debe considerarse una debilidad, sino una obligación legal y una estrategia para evitar la medicina defensiva, práctica que busca prevenir demandas más que mejorar la calidad del cuidado. La gestión transparente de los incidentes, con diálogo directo y honesto, ayuda no solo a minimizar el impacto legal, sino también a restablecer la confianza en el sistema sanitario.