Durante su intervención ante la Comisión de Justicia del Senado, Teresa Peramato, fiscal general del Estado, enfatizó que ni la Constitución ni el Poder Legislativo contemplan un mecanismo de control sobre las decisiones internas del Ministerio Público. En este contexto, reivindicó la independencia y la confidencialidad que deben guiar la labor de la Fiscalía y rechazó convertirse en una «opinadora» de la jurisdicción.
Peramato se refirió a la situación que atraviesa el Ministerio Fiscal tras la dimisión y condena de su antecesor, Álvaro García Ortiz, asegurando que su objetivo es «sanar la herida» mediante un diagnóstico institucional responsable basado en la unidad y la lealtad activa dentro del cuerpo. Subrayó que la Fiscalía no debe ser utilizada como escenario para debates políticos ni mediáticos, defendiendo la autonomía funcional que le corresponde.
Sobre los recientes nombramientos en la Fiscalía, la fiscal general explicó que actuó conforme a los principios de mérito, profesionalidad y rigor, y señaló que los informes del Consejo Fiscal tienen carácter consultivo y no vinculante. Rechazó la posibilidad de un control externo sobre sus decisiones discrecionales y defendió su selección de cargos como adecuada a las necesidades del servicio. Esta defensa incluye la controversia surgida por la promoción de personas cercanas a su predecesor y la destitución de quienes cuestionaron la gestión anterior, especialmente en casos de alto perfil como el del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Asimismo, Peramato valoró la actuación del Ministerio Público en el proceso contra García Ortiz promovido por González Amador, destacando que desde el inicio se consideró que se vulneraban derechos fundamentales del exfiscal general. El Ministerio Fiscal promovió su absolución y presentó recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, postura que mantiene para demostrar su independencia y autonomía.
Desde el Partido Popular, cuestionaron a Peramato por no haber defendido a fiscales amenazados durante la polémica relacionada con la dirigente del PSOE, Leire Díez. Preguntaron sobre las reuniones de Díez con altos cargos de la Fiscalía y por qué no se informaron esas visitas. También solicitaron aclarar si la fiscal general tuvo contacto con Díez. El PP denunció que el Ministerio Público está «devastado» tras ser convertido en un instrumento político del presidente Pedro Sánchez.