La Mesa del Congreso volvió a actuar como un filtro clave para proteger al presidente Pedro Sánchez al impedir que se votara una enmienda del Partido Popular (PP) que solicitaba la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones generales. PSOE y Sumar justificaron esta decisión bajo el argumento de que esta competencia corresponde exclusivamente al jefe del Ejecutivo, evitando que la propuesta llegara al Pleno.

Esta resolución genera controversia en el PP, que denuncia un trato desigual en comparación con una iniciativa similar presentada por Junts el año anterior. En esa ocasión, la Mesa admitió a trámite una proposición no de ley del mismo partido que instaba a Sánchez a considerar una cuestión de confianza, una prerrogativa también exclusiva del presidente. La propuesta de Junts fue reconocida como una iniciativa política sin carácter jurídico vinculante, y fue publicada oficialmente en el Boletín Oficial del Congreso.

Para el PP, esta diferencia evidencia un criterio partidista marcado por la conveniencia política de Moncloa y el PSOE. Cuando la propuesta beneficiaba a la estabilidad del Gobierno, como la de Junts, la Mesa permitió su tramitación; al contrario, cuando podía evidenciar la debilidad del Ejecutivo, como la del PP, se bloqueó el debate. La enmienda del PP utilizaba el mismo lenguaje que la de Junts, subrayando que la petición tenía un carácter político y no vinculante jurídicamente, y hacía referencia precisa a la prerrogativa prevista en la Constitución para disolver las cámaras.

De acuerdo con el artículo 115 de la Constitución, corresponde al presidente del Gobierno proponer la disolución del Congreso, conforme a su exclusiva responsabilidad y previa deliberación del Consejo de Ministros. Esto convierte la decisión de la Mesa en una cuestión política más que técnica, al vetar la posibilidad de que Sánchez se exponga a una votación simbólica en el Parlamento.

En respuesta, el PP ha expresado su malestar y acusa a la presidenta de la Mesa, Francina Armengol, de aplicar un doble rasero. Desde la formación popular señalan que el objetivo es evitar que Sánchez se pronuncie en un momento complicado para su Ejecutivo, limitando el debate parlamentario sobre la conveniencia de convocar elecciones anticipadas.