La Seguridad Social ha dado un paso importante hacia la digitalización con la publicación de una nueva normativa que establece la gestión electrónica como método habitual para las comunicaciones oficiales con los ciudadanos. Esta medida apunta a acelerar los procesos administrativos y a evitar demoras relacionadas con el envío postal tradicional.

La norma amplía la obligación de recibir notificaciones electrónicas a las personas físicas que soliciten o cobren prestaciones por incapacidad temporal, incapacidad permanente y lesiones no incapacitantes. Antes, este requisito solo aplicaba a personas jurídicas y profesionales colegiados, así como a beneficiarios de otros tipos de prestaciones como nacimiento, cuidado de menor o riesgo durante el embarazo. La Seguridad Social considera que estos nuevos grupos cuentan con los recursos y conocimientos necesarios para operar a través de su Sede Electrónica (SEDESS).

El cambio busca eliminar los problemas habituales del correo postal, como retrasos o notificaciones que no llegan, lo que puede provocar pagos indebidos por días en los que ya no corresponden prestaciones. Con la notificación electrónica instantánea, los ciudadanos pueden conocer con rapidez su situación administrativa y ejercer sus derechos de manera eficiente. Además, la administración pública optimiza recursos y mejora la seguridad jurídica al registrar electrónicamente cada comunicación.

Para quienes enfrenten dificultades técnicas o de acceso, se han implementado medidas de apoyo. Los usuarios recibirán avisos vía SMS o correo electrónico cuando tengan notificaciones pendientes y podrán acudir a los Centros de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS) para recibir asistencia presencial. Se mantienen excepciones para la notificación en papel, especialmente cuando el ciudadano se presenta voluntariamente en una oficina o cuando no se disponga de datos de contacto electrónico.

La orden oficial entrará en vigor tres meses después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, es decir, a partir del próximo 1 de septiembre, marcando un hito en el proceso de modernización de la administración pública española.