La inundación extraordinaria que golpeó a Valencia el 29 de octubre de 2024 dejó un saldo trágico que aún resuena en la sociedad valenciana y en los tribunales. Más de 200 personas perdieron la vida y decenas de municipios sufrieron graves daños, pero el dolor no se limita a las cifras: la causa judicial sigue abierta, buscando esclarecer por qué no se emitieron alertas oportunas y quiénes son los responsables de la catástrofe.

El juzgado de Catarroja ha recibido el peso de esta investigación. La jueza a cargo, Nuria Ruiz Tobarra, ha profundizado en un expediente extenso, con más de 60 tomos y 30.000 folios, revisando informes, testimonios y documentos oficiales. Su trabajo se centra en demostrar que, aunque la tormenta fue histórica, sus consecuencias fatales pudieron haberse evitado con una mejor prevención y gestión de emergencias. Entre los señalados figuran la exconsellera Salomé Pradas y su segundo, Emilio Argüeso, quienes encabezaban el área de emergencias en aquel momento.

El informe destaca fallos en la vigilancia hidrológica y la falta de coordinación entre distintas instancias, como la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), cuyo sistema de información sólo era accesible a través de un portal interno que no fue debidamente consultado. Al mismo tiempo, se señala la tardanza del anuncio de emergencia, especialmente el aviso enviado a las 20:11 horas que fue considerado insuficiente y erróneo. El impacto de estas deficiencias se tradujo en la imposibilidad de alertar a la población a tiempo.

En el plano político, la gestión de la crisis por parte del president de la Generalitat, Carlos Mazón, también ha sido objeto de controversia. Pese a ordenar una difusión masiva de datos para dar una sensación de alerta, se ausentó de la coordinación tras una entrevista con una periodista, lo que fue cuestionado por las víctimas y sectores críticos. Su actuación generó desconcierto y una sensación de abandono en momentos decisivos.

La persistencia en la investigación coincide con el último año de la legislatura valenciana, cuyo curso político sigue teñido por las demandas de justicia y la memoria de las víctimas, que exigen que la tragedia no caiga en el olvido. La causa judicial ha devenido en un símbolo de esa lucha, mientras continúa el trabajo de recopilación de pruebas y declaraciones para aclarar los detalles y responsabilidades.