Una investigación de la Guardia Civil reveló una trama vinculada al ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, que incluyó a Leire Díez como pieza clave para presionar a jueces y fiscales. El objetivo principal era interrumpir el proceso judicial contra Gonzalo Boye, abogado de Carles Puigdemont, implicado en un caso por narcotráfico, con la intención de recuperar el apoyo político de Junts al PSOE.

El caso se originó en un contexto de tensiones políticas entre el PSOE y Junts, después de que Puigdemont advirtiera publicamente sobre el deterioro de su relación con Pedro Sánchez y paralizara las negociaciones. En ese marco, surgió una propuesta no de ley de Junts que ponía en jaque la estabilidad del Ejecutivo, lo que impulsó acciones para influir en el juicio que se celebraba en la Audiencia Nacional.

Los investigadores obtuvieron pruebas mediante la Unidad Central Operativa (UCO) que incluyeron conversaciones entre Leire Díez y Jacobo Teijelo, abogado defensor durante el juicio. Los chats fueron recuperados de una cuenta de almacenamiento virtual asociada a Díez, y revelan maniobras para buscar la nulidad del proceso contra el narcotraficante gallego José Ramón Prado Bugallo, alias Sito Miñanco, en cuyo juicio también estaba procesado Boye.

Jacobo Teijelo, imputado en el caso que investiga estas irregularidades, mantenía un diálogo con Díez en el que se discutía sobre la actuación del fiscal durante el proceso y se planteaban estrategias legales para lograr la anulación del juicio. Esta coordinación formaba parte de una maniobra coordinada para proteger al abogado vinculado a Puigdemont y, por ende, influir en el apoyo político de Junts.

El documento principal que acredita esta operación es un archivo de texto con extractos de la conversación entre Díez y Teijelo, que abarca desde finales de 2024 hasta mediados de 2025. En este se muestran intercambios detallados sobre el desarrollo del juicio y las medidas para socavarlo.

Los vínculos entre la estructura política y la estrategia judicial reflejan un entramado diseñado para preservar intereses partidarios a costa del proceso penal. La investigación apunta a un intento explícito de usar la justicia con fines políticos dentro de un escenario marcado por presiones hacia figuras clave del Gobierno.