La construcción del centro comercial Parque Murias, la mayor superficie comercial de Melilla, está bajo la lupa tras detectarse indicios de posibles irregularidades por parte de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF). La investigación apunta a que durante el proceso urbanístico y administrativo que permitió levantar el complejo podrían haberse cometido varios delitos.
El origen de estas pesquisas se vincula a una investigación previa sobre una supuesta compra de votos, en cuyo marco apareció un documento manuscrito llamado «Operación Valenzuela» que contenía referencias a los terrenos donde se construyó Parque Murias. Esta información coincidiría con datos aportados por una fuente confidencial considerada fidedigna, lo que originó una nueva línea de investigación centrada en posibles delitos económicos y financieros.
El informe policial señala que la operación presuntamente buscaba obtener beneficios económicos importantes a través de la construcción del centro comercial, mediante la evasión de tributos locales. El perjuicio económico estimado oscila entre siete y ocho millones de euros. Además, se detectaron indicios de movimientos de dinero hacia cuentas bancarias en Gibraltar, una línea de trabajo que continúa bajo análisis.
Un aspecto clave en la investigación es la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) realizada antes de la adjudicación de los terrenos. Los agentes sospechan que esta modificación podría haber beneficiado a ciertas empresas involucradas en el desarrollo del proyecto, facilitando la construcción del parque comercial en terrenos que hasta entonces eran del Ministerio de Defensa y que habían sido transferidos a la Ciudad Autónoma años antes.
En el informe de la UDEF también se mencionan varios cargos públicos relacionados con gobiernos previos de Melilla y varias empresas vinculadas con la obra. Aunque el documento solo expone indicios, se plantean posibles delitos como prevaricación, malversación de fondos públicos y otras infracciones. La autoridad judicial es la encargada de determinar la existencia de responsabilidades penales.