La aprobación por parte de España de una regularización extraordinaria para migrantes desató críticas de varios líderes europeos durante una reunión a puerta cerrada en el Consejo Europeo en Bruselas. La medida, que afecta a más de 500.000 personas, generó preocupación sobre su posible impacto en otros países de la Unión Europea.
Mandatarios como la primera ministra italiana Giorgia Meloni, el líder belga Bart de Wever y la primera ministra danesa Mette Frederiksen expresaron reservas sobre la iniciativa española, resaltando la falta de comunicación previa con los socios comunitarios. Una de las críticas centrales fue que esta acción podría derivar en una mayor movilidad de migrantes regularizados hacia otros estados de la UE, lo que algunos consideran un problema para la gestión migratoria regional.
En contraste, el presidente del Gobierno español defendió el modelo migratorio nacional y resaltó el impacto positivo de la migración en la economía doméstica. Además, reiteró que España cumple con el Pacto Europeo de Migración y Asilo y con el Reglamento de Dublín. Sánchez destacó que los beneficiarios son mayormente latinoamericanos con un fuerte arraigo cultural y lingüístico en España, por lo que apuntó a una baja probabilidad de que se desplacen hacia otros países europeos.
Durante el debate también salió a relucir el rechazo de España a los centros de deportación en terceros países, incluidos en la reforma migratoria europea aprobada recientemente por el Parlamento Europeo. El presidente defendió esta postura frente a un modelo que cree que vulnera derechos y alimenta tensiones entre los Estados miembros.
El gobierno español evitó referirse a un posible enfrentamiento y calificó la discusión como un intercambio natural de opiniones entre países con diferentes enfoques para gestionar la migración. Sin embargo, las divergencias evidencian la complejidad de alcanzar consensos en el bloque ante políticas migratorias tan diversas.