El juez Juan Carlos Peinado ordenó un auto que prohíbe a Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno español, salir del país, le retiró el pasaporte y la obliga a presentarse cada quince días ante la justicia por acusaciones de corrupción. Estas medidas, aplicadas ante un supuesto riesgo de fuga, han causado gran polémica y han sido calificadas como excesivas por autoridades y expertos.
Los cargos que enfrenta Gómez incluyen malversación, tráfico de influencias, apropiación indebida y corrupción, vinculados con supuestos beneficios obtenidos a partir de su vínculo matrimonial para avanzar en su carrera universitaria y favorecer a ciertas empresas en la obtención de contratos públicos. La instrucción de este caso se inició tras una denuncia presentada por Manos Limpias, un sindicato autodeclarado con conexiones en la extrema derecha, y ha durado alrededor de dos años.
La cobertura internacional ha destacado principalmente la severidad de las restricciones impuestas. Medios como CNN subrayaron esta prohibición de salida y recordaron que el presidente Pedro Sánchez llegó al poder tras un escándalo de corrupción que motivó una moción de censura. Además, mencionaron una cita emblemática para ilustrar la persistencia de la corrupción en España y remarcaron la gravedad del caso al afectar al primer mandatario.
Por otro lado, The New York Times enfatizó que Gómez deberá enfrentar un proceso judicial por acusaciones que datan desde 2014, mencionando que los grupos que impulsaron la denuncia incluyen sectores de ultraderecha, como el partido político Vox. El juez Peinado sugirió incluso que la escolta policial que acompaña a Gómez podría facilitar una posible fuga, una afirmación que generó indignación dentro de las fuerzas de seguridad.
En España, tanto Pedro Sánchez como Begoña Gómez han negado cualquier irregularidad. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, y otros analistas han cuestionado la proporcionalidad de las medidas restrictivas, consideringo que la presencia de escoltas ya implica un control considerable. Sin embargo, la justicia mantiene las medidas cautelares mientras avanza el proceso para asegurar la comparecencia y evitar riesgos.
