Los mensajes intercambiados en el grupo de Whatsapp del Consell durante la dana han mostrado la actitud dividida del entonces president Carlos Mazón en la gestión de la crisis. Aunque al inicio de la mañana envió instrucciones precisas a sus consellers para monitorizar la situación y proveer datos a los medios, abandonó el chat y no participó en las horas críticas cuando las incidencias aumentaron. Mientras el resto del Gobierno valenciano actualizaba la emergencia, Mazón se mantuvo ausente, prolongando una sobremesa con una comunicadora en un restaurante.

Estas conversaciones, presentadas en la investigación por la vicepresidenta Susana Camarero, han generado un debate sobre posibles implicaciones legales para Mazón. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) rechazó en marzo abrir una investigación contra él por falta de indicios suficientes, dado que no tenía deberes jurídicos específicos como garante. Las conversaciones solo refuerzan el argumento de su ausencia, sin modificar la decisión judicial vigente.

La jueza que investigó inicialmente la dana, Nuria Ruiz Tobarra, destacó que la prolongada desconexión de Mazón en los momentos clave supuso un indicio de irresponsabilidad política. Según fuentes jurídicas consultadas, esta actitud puede interpretarse como un autoexilio voluntario de sus responsabilidades que contribuyó al impacto mortal del fenómeno meteorológico. Pese a ello, el alto tribunal consideró que sin una obligación legal explícita, no existe base para responsabilizarlo penalmente.

En los mensajes del grupo, Mazón pidió a primera hora que los consellers estuvieran atentos y que actualizaran datos para la rueda de prensa oficial. Indicó a la consellera Salomé Pradas que preparara información sobre las medidas que debía adoptar el Cecopi y el mando único, y solicitó a José Antonio Rovira datos sobre el posible cierre de colegios, entre otras instrucciones tempranas. No obstante, tras esos primeros mensajes, hubo un silêncio absoluto de su parte, a diferencia de la continua actividad de los demás miembros del Gobierno.

El caso pone en evidencia una gestión fracturada durante la emergencia, donde la coordinación inicial contrasta con la inacción posterior del president. El Gobierno valenciano y la oposición han criticado esta conducta, mientras las víctimas y asociaciones piden una mayor responsabilidad política. A pesar de las críticas, el marco jurídico actual concede una delimitación clara sobre las responsabilidades judiciales en estos casos, lo que dificulta avanzar con acciones legales contra Mazón por su ausencia en el chat oficial.