Tras ocho años en el poder, el balance del mandato de Pedro Sánchez revela un claro retroceso en varios frentes de España. La degradación institucional se evidencia en un desgaste generalizado de los organismos públicos, muchos de ellos sometidos a presiones partidistas que minan su neutralidad y autonomía.
La relación del Ejecutivo con sus socios separatistas y grupos políticos vinculados al terrorismo etarra ha generado un entorno propicio para la erosión de los contrapesos democráticos. Este proceso se ha reflejado en la creciente politización de organismos como RTVE o el CIS y en un Tribunal Constitucional que ha cedido protagonismo al Supremo, mientras el Gobierno ha llegado a gobernar sin presupuestos aprobados ni el control parlamentario adecuado.
La política migratoria también ha estado marcada por decisiones electorales, priorizando regularizaciones amplias y nacionalizaciones sin el consenso social necesario. Este enfoque busca fortalecer un censo favorable al Ejecutivo, pero ha generado controversia y desafíos sociales.
En el ámbito económico se observan desequilibrios preocupantes. El crecimiento del PIB convivió con la precarización laboral, el desempleo juvenil y una creciente crisis en el acceso a la vivienda. Mientras la clase media se debilita y la riqueza familiar se estanca, la brecha entre salario medio y mínimo se estrecha, y los servicios públicos enfrentan deterioros. Además, la política energética se ha visto condicionada por posiciones ideológicas que complican una respuesta eficiente y sostenible.
Políticamente, el entorno se caracteriza por constantes escándalos y procesos judiciales vinculados a la corrupción que afectan la imagen del PSOE, del Gobierno y del sistema democrático. La utilización de medios públicos con fines propagandísticos y la hostilidad hacia la prensa crítica han minado la confianza ciudadana. Según una encuesta de GAD3 para ABC, la corrupción es el principal problema para más de una cuarta parte de los ciudadanos, y la preocupación política alcanza niveles elevados.
En el plano internacional, España se ha distanciado de algunos aliados tradicionales, aunque este aspecto requiere un análisis más profundo para evaluar su impacto y alcance.
