Por tercer año consecutivo, el Ejecutivo de Pedro Sánchez no presentará los presupuestos generales del Estado, una situación que refleja la incapacidad para lograr consensos en el Parlamento y el creciente bloqueo político en España. Este retraso, anunciado por el propio presidente, supone un incumplimiento reiterado de la Constitución, que establece la obligación de aprobar las cuentas públicas para el correcto funcionamiento del Estado.
La dificultad para obtener respaldo parlamentario convive con el desgaste político del Gobierno, acentuado por los escándalos de corrupción que han afectado a figuras cercanas y a socios de la coalición. Sánchez apuesta por mantener la estabilidad institucional y evitar convocatorias electorales adelantadas, aunque el Parlamento muestra un estancamiento prolongado, y las tensiones dentro y fuera del Ejecutivo se intensifican.
Ante esta parálisis, el Gobierno ha recurrido repetidamente a decretos-ley para aprobar medidas, limitando el papel legislativo del Parlamento y expandiendo el uso de vías excepcionales para gobernar. La última campaña del presidente fue interpretada como una estrategia para aferrarse al poder en un contexto de desgaste y presiones judiciales derivadas de casos de corrupción que rodean a su entorno político.
La ausencia de presupuestos dificulta la planificación y ejecución de políticas públicas en un año clave, en el que sectores del Parlamento condicionan su apoyo al Ejecutivo por el escenario electoral inminente y las investigaciones abiertas. El bloqueo político persiste, y el horizonte para el final de esta legislatura se presenta como un periodo de incertidumbre y tensión constante.