El acuerdo cerrado entre PNV y EH Bildu redefine las condiciones para exigir el euskera en las plazas públicas de la administración vasca, otorgando a cada institución la potestad de fijar sus propios porcentajes. Esta modificación elimina los índices generales y obligatorios establecidos desde 1982, que hasta ahora marcaban un límite máximo en la exigencia del vasco para acceder a ciertos puestos.

El cambio fue aprobado en el Parlamento Vasco con el respaldo de los 27 votos del PNV, la abstención de EH Bildu y el rechazo de los partidos PSOE vasco, PP, Sumar y Vox. La iniciativa busca impulsar la normalización del euskera en la administración pública y garantizar los derechos lingüísticos, según afirmaron ambas formaciones nacionalistas, calificando la medida como prudente y técnica.

Esta nueva regulación supone un giro importante ya que elimina una estructura de parámetros generales que garantizaban cierto equilibrio entre quienes dominan el euskera y quienes no. Por ello, expertos legales advierten que el acuerdo representa un «Lizarra lingüístico», en referencia a un pacto histórico nacionalista excluyente. El catedrático Alberto López Basaguren destacó la exclusión del resto de fuerzas políticas y señaló que este cambio podría tener consecuencias sociales significativas.

Los índices de obligado cumplimiento suprimidos habían sido ratificados incluso por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), que limitaba el porcentaje máximo de plazas con requisito de euskera. Sin embargo, estas sentencias favorables a aspirantes no euskaldunes fueron criticadas por PNV, EH Bildu y sindicatos nacionalistas, que las calificaron como una ofensiva judicial contra la promoción del vasco.

La oposición política y parte de la sociedad cuestionan esta decisión. Según el Deustobarómetro, casi la mitad de la población considera que ya existen demasiadas exigencias lingüísticas para acceder a puestos públicos. Esta división refleja un panorama social tenso respecto a la política lingüística en la región, que ahora queda en manos de cada administración para definir a su antojo cuántos cargos requerirán el conocimiento del euskera.