La Audiencia Provincial de Badajoz decidió eliminar uno de los cargos contra David Sánchez debido a que el delito prescribió, pero mantiene abiertas las investigaciones por tráfico de influencias y prevaricación administrativa. La causa está vinculada a su contratación en la Diputación de Badajoz para un puesto de actividades culturales y artes escénicas, caso que ha generado gran atención por su relación familiar directa con el presidente del Gobierno.
El delito retirado corresponde a la aceptación de un nombramiento ilegal, pero la Fiscalía había defendido que, por el tiempo transcurrido, este cargo ya no era perseguible. Esta posición fue finalmente aceptada por el tribunal, que descartó esa acusación para continuar con el proceso. De este modo, el juicio sigue adelante, pese a que la defensa solicitó la nulidad del procedimiento alegando irregularidades y presuntas vulneraciones de derechos, pero la petición fue rechazada.
Además de David Sánchez, están sentados en el banquillo otros responsables políticos y técnicos, incluidos exdirigentes socialistas, afectados también por acusaciones que han sido parcialmente limitadas por el tribunal por defectos en la formulación de cargos durante la instrucción. El debate mantiene su foco en si la plaza de trabajo fue diseñada a medida para Sánchez o si el proceso se ajustó a la legalidad vigente.
Tras resolverse las cuestiones previas, la sala continuará con la toma de declaraciones de testigos y la presentación de alegatos de los acusados en el transcurso de la semana. La relevancia del caso persiste por el vínculo familiar y político, así como por las discrepancias entre las partes respecto al origen y desarrollo de la investigación judicial.