Las condiciones en el campamento habilitado en el campo de golf Caribe, en La Guaira, distan mucho de lo que muestran las autoridades militares. Sobrevivientes de los terremotos denunciaron abusos en el manejo de las donaciones, así como la falta de colaboración con los damnificados, quienes sufren restricciones y carencias cotidianas.
Una mujer que lidera una Unidad de Batalla Bolívar-Chávez en la zona afectada relató que, tras perder a su hijo, enfrenta un abandono que contrasta con la atención oficial. Mientras durante el día interactúan voluntarios y periodistas, al caer la noche los militares apagan las luces de las áreas comunes y utilizan generadores solo en sus espacios privados, dejando a los refugiados a oscuras y sin electricidad, lo que dificulta el cuidado de sus pertenencias y niños.
Además, algunos familiares de los damnificados afirman haber presenciado el robo de alimentos y medicamentos por parte de ciertos funcionarios. Reconocen que no todos los militares actúan de esta manera, pero señalan que la falta de transparencia y los malos tratos se han convertido en una fuente constante de preocupación y miedo dentro del campamento.
A pesar de agradecer la ayuda internacional, los afectados desean recuperar su autonomía y volver a trabajar. Muchos, que antes tenían pequeños negocios, temen permanecer años en refugios sin perspectivas de reactivarse económicamente.
El campamento acoge a más de mil personas, agrupadas en unas trescientas familias que llegaron tras los terremotos para buscar refugio. Sin embargo, las denuncias reflejan un escenario complejo donde la coordinación entre autoridades y víctimas colapsa frente a la necesidad de garantizar condiciones dignas y un manejo transparente de la asistencia.