El Tribunal Supremo impuso una condena de 24 años y tres meses de cárcel al exministro de Transportes José Luis Ábalos por su implicación en la llamada “caso mascarillas”, que involucra delitos de organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias en la compra de material sanitario durante la pandemia. La pena efectiva a cumplir alcanzó los quince años y dieciocho meses.

Junto con Ábalos, su exasesor Koldo García recibió una condena de casi 20 años de prisión, mientras que el empresario Víctor de Aldama fue sentenciado a cuatro años y medio, aunque con suspensión de la ejecución de la pena debido a su colaboración para esclarecer el caso, siempre y cuando cumpla con ciertas condiciones, como no delinquir y realizar trabajos comunitarios.

La sentencia, adoptada por unanimidad, calificó a los tres implicados como integrantes de una organización criminal estructurada que abusó de su influencia para adjudicar de manera irregular contratos públicos por el suministro de trece millones de mascarillas a Puertos del Estado y Adif. La empresa beneficiada fue Soluciones de Gestión, vinculada a Aldama, que obtuvo los contratos bajo condiciones que le permitieron lucrarse mediante comisiones compartidas con los otros acusados.

Entre las irregularidades probadas, el tribunal destaca la asignación de un pago mensual de 10.000 euros a Ábalos supuestamente para cubrir “gastos fijos”, la contratación de personas cercanas al exministro en empresas públicas, y la adquisición y alquiler de inmuebles en Madrid, Marbella y La Línea de la Concepción con opciones de compra vinculadas a la gestión de contratos públicos y la obtención de licencias.

El fallo señala también el impacto negativo de esta trama en la confianza ciudadana, resaltando cómo la corrupción afecta la base democrática del Estado, especialmente en un momento crítico como la emergencia sanitaria global. El Tribunal Supremo subrayó que la actuación coordinada de los acusados no solo implicó un beneficio ilícito, sino que atentó contra la transparencia y ética en la gestión pública.