El sistema sanitario público de Extremadura muestra un deterioro evidente que se refleja principalmente en la demora asistencial, según señaló el portavoz de Salud de Unidas por Extremadura en la Asamblea. Frente a esta situación, el grupo parlamentario presentará un plan estratégico con el objetivo de reformar la Atención Primaria, que actualmente mantiene una asignación presupuestaria similar a la legislatura pasada, insuficiente para las necesidades reales del sistema.
El diputado reiteró su preocupación frente a la inclusión en el pacto de gobierno de coalición entre Partido Popular y Vox del concepto de “prioridad nacional” en el acceso a servicios sociales y sanitarios. Considera que esta medida genera incertidumbre y riesgos para el modelo público de salud, tradicionalmente condicionado por principios de universalidad e igualdad. Además, criticó la falta de claridad en los compromisos del ejecutivo y advirtió que la prioridad nacional podría restringir derechos en atención sanitaria.
La colaboración público-privada es otro factor que generan inquietud en Unidas por Extremadura. El representante alertó sobre la creciente intervención de intereses privados en la gestión sanitaria, advirtiendo que esto podría desviar el foco del interés público hacia el negocio particular. Según explicó, se corren riesgos de que esta tendencia acabe parasitando la naturaleza esencialmente pública del sistema.
El portavoz también remarcó cambios legislativos realizados en la legislatura pasada que eliminan la obligatoriedad de dedicación exclusiva para los jefes de Servicio, un paso que, a su juicio, puede debilitar la gestión pública y favorecer intereses particulares dentro de la sanidad.
En este contexto, Unidas por Extremadura se comprometió a impulsar un plan para reforzar la Atención Primaria, con el propósito de mejorar la calidad asistencial y reducir las demoras, aspectos clave que reflejan la brecha entre las necesidades de la población y los servicios actualmente disponibles. Además, reclamaron una mayor transparencia y un incremento presupuestario real para la sanidad pública, que acompañe las necesidades crecientes.