Vox ha registrado una propuesta de ley orgánica que busca establecer un examen único para el acceso a la universidad en toda España, con el objetivo de homogeneizar las condiciones de evaluación de los estudiantes y eliminar las diferencias existentes entre comunidades autónomas.

Esta reforma plantea que la prueba, similar a la actual Selectividad o PAU, tenga la misma estructura, contenido y criterios de corrección en todo el territorio nacional, y que se realice de forma simultánea en convocatorias ordinarias y extraordinarias. Así, se pretende acabar con los distintos calendarios regionales que hoy complican la organización y generan desigualdad entre alumnos.

Además, la iniciativa pone énfasis en reforzar el papel del Estado en la gestión del examen, que incluiría fijar los contenidos básicos, definir la estructura de los ejercicios y establecer criterios uniformes de calificación. Para ello, se propone crear una comisión estatal que sustituya el actual modelo descentralizado y que estará compuesta por representantes universitarios, del Ministerio de Educación, profesorado de Bachillerato y autoridades educativas.

Esta comisión se encargará de coordinar la prueba, supervisar los criterios de evaluación, asignar los tribunales evaluadores y resolver reclamaciones, con el fin de asegurar una mayor coherencia y transparencia en el proceso de acceso a la universidad.

Paralelamente, Vox propone también unificar los plazos de preinscripción y matrícula entre todas las comunidades autónomas para facilitar la movilidad de los estudiantes y simplificar las gestiones administrativas. Este procedimiento común de admisión abarcaría a todas las universidades públicas y a las principales carreras, como Medicina, Enfermería o Farmacia.

A pesar de la centralización propuesta, el proyecto reconoce la autonomía universitaria al permitir que cada institución mantenga cierto margen para establecer ponderaciones de asignaturas y criterios internos que definan el orden de las listas de admitidos.

Con esta iniciativa, Vox busca resolver lo que denomina una «fragmentación territorial» en el sistema actual de acceso universitario, que a su juicio genera desigualdad y dificultades para garantizar unas condiciones homogéneas para todos los estudiantes españoles.