Agustín R. P., extrabajador del Concello de Carballiño, pasó de denunciar una presunta red de cobros ilegales vinculados al ayuntamiento a ser él quien se sienta en el banquillo acusado de denuncia falsa. La causa penal se abrió luego de que las personas señaladas por él, entre ellas el actual alcalde Francisco Fumega, iniciaran acciones legales para limpiar su nombre tras el archivo judicial de la denuncia original.
El acusado relató que el 3 de mayo de 2019 se reunió con el alcalde, dos responsables de una firma consultora y un empleado municipal en una cafetería local. Según su testimonio, observó cómo uno de los denunciados entregaba un sobre con dinero que fue introducido en un automóvil, detalle que, aseguró, confirmó con el apoyo de funcionarios de la entidad local, cuya identidad se reservó para evitarles problemas.
No obstante, ninguno de los presentes confirmó la reunión ni la versión que expuso Agustín R. P. El alcalde y uno de los denunciados negaron categóricamente los hechos, y este último expresó que la acusación le provocó problemas de salud mental, entre ellos ansiedad y depresión. La acusación particular sostiene que la denuncia fue malintencionada, motivada por intereses personales y buscando perjudicar a los cuatro involucrados.
Francisco Fumega recordó que hace varios años el padre de Agustín ya había denunciado un conflicto relacionado con asuntos urbanísticos, mientras que otro implicado mencionó enfrentamientos previos con el hombre ahora acusado. Por el contrario, el denunciado negó tener conflictos personales con las partes aludidas y su defensa rechazó cualquier intención de venganza detrás de la denuncia inicial.
La solicitud de condena presentada por la acusación particular incluye dos años de prisión, una multa de 8.640 euros y el pago de una indemnización de 5.000 euros para cada uno de los denunciantes. Tanto la defensa de Agustín R. P. como la Fiscalía apelan a la inexistencia de delito, argumentando la falta de pruebas para sostener que se tratara de una denuncia falsa.