El informe “Situación de políticas, gestión y atención a las ECV en España” revela que, aunque varias comunidades autónomas han desarrollado estrategias para enfrentar las enfermedades cardiovasculares, persisten importantes desigualdades en su aplicación práctica. Este documento analiza la planificación, organización y gestión de estas enfermedades en nueve regiones, evidenciando brechas significativas en recursos, coordinación y evaluación de resultados.

La participación de Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla-La Mancha, Cataluña, Navarra, Comunidad Valenciana, La Rioja y Melilla permitió identificar que, si bien todas cuentan con un marco estratégico para abordar las enfermedades cardiovasculares, la calidad y alcance de los planes varían notablemente. Esto afecta la priorización de la atención, el seguimiento de pacientes y la disponibilidad de recursos esenciales como unidades de rehabilitación cardiaca y rutas asistenciales integradas.

El informe también destaca la falta de incorporación sistemática de enfoques transversales, como la perspectiva de género, la equidad y la participación activa de los pacientes en la toma de decisiones y evaluación de los servicios. Según Tomás Fajardo, presidente de Cardioalianza, esta situación refleja que, en un sistema descentralizado como el español, la eficacia en salud cardiovascular depende en gran medida de las actuaciones autonómicas, lo que genera disparidades significativas.

Las enfermedades cardiovasculares son una de las principales causas de morbimortalidad en España y suponen una carga considerable para el Sistema Nacional de Salud. Por ello, el informe subraya la urgencia de fortalecer el liderazgo nacional para promover la cohesión del sistema y garantizar una atención más equitativa y orientada a resultados. Según los expertos, lograrlo requiere medir sistemáticamente los resultados y asegurar que la voz del paciente se integre efectivamente en las políticas sanitarias.

En resumen, aunque el abordaje estratégico de las ECV ha avanzado en las comunidades autónomas, se impone avanzar hacia un modelo coordinado y homogéneo que evite las brechas actuales y ofrezca atención de calidad para toda la población española.