La muerte de Sandra Peña, una menor que se suicidó meses después de que su familia solicitara la activación de protocolos antisuicidio y antiacoso en su colegio, ha provocado un aumento significativo en la aplicación de estos procedimientos en los centros educativos de Sevilla.

El incremento es notable: mientras que en el curso 2024/25 se registraron alrededor de 700 casos en los que se abrieron protocolos por conductas suicidas o autolesiones, de septiembre a febrero del siguiente año la cifra llegó a 1.700, lo que refleja un crecimiento cercano al 143% en apenas cinco meses. Este repunte coincide con el fallecimiento de Sandra en el Colegio Irlandesas de Loreto y la polémica derivada por la falta de activación oficial de los procedimientos solicitados previamente por su familia.

El protocolo antisuicidio vigente en los centros escolares sevillanos data de 2023 y fue creado con la participación conjunta de las consejerías de Educación, Salud e Inclusión Social. Establece que estos protocolos deben activarse ante la comunicación de los padres, alertas de compañeros o señales expresadas por el propio alumno. Sin embargo, en el caso de Sandra Peña, aunque se tomaron medidas preventivas, no se abrió oficialmente ningún protocolo ni quedó registro en el sistema Séneca, lo que generó un fuerte debate sobre la gestión institucional.

El impacto del caso ha provocado que las escuelas y colegios de la provincia activen protocolos ante cualquier indicio mínimo de riesgo, tanto por detección interna como por petición familiar. Fuentes de la comunidad educativa atribuyen este aumento a la preocupación de los equipos directivos por evitar tragedias similares y para no ser cuestionados en su atención a los estudiantes vulnerables.

Se espera que el número de procedimientos activos supere los 2.000 al cierre del curso escolar, casi triplicando las cifras del año anterior. Mientras tanto, la Consejería de Educación espera la resolución judicial definitiva del caso Sandra Peña para decidir qué sanción o medidas aplicará al centro Irlandesas de Loreto, lo que añade presión para que los colegios mantengan una vigilancia estricta sobre la salud mental de sus alumnos.