Extremadura implementó un nuevo grado de dependencia denominado 3+, destinado a personas con dependencia extrema que requieren apoyos continuos por enfermedades graves, irreversibles y de rápida evolución como la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). Esta clasificación permitirá agilizar la atención y ofrecer prestaciones económicas específicas, con cuantías que pueden superar los 9.800 euros mensuales en los casos con mayores necesidades.

El decreto-ley fue aprobado por unanimidad en la Asamblea regional, marcando el primer gran acuerdo político de la legislatura en materia social. Además de la creación del grado 3+, el decreto establece que la resolución para el reconocimiento de este grado deberá emitirse en un plazo máximo de dos meses, a diferencia del plazo general de tres meses que se aplicaba hasta ahora. También se aseguraron efectos retroactivos en las prestaciones económicas, lo que resulta crucial para enfermedades donde el tiempo es determinante para la atención adecuada.

Desde la entrada en vigor, ya hay personas en Extremadura con el nuevo grado reconocidas y recibiendo atención domiciliaria en sus hogares. La consejera de Salud y Atención a la Dependencia, Sara García Espada, afirmó que este avance responde a una demanda histórica y reconoció el esfuerzo y la visibilidad que las familias de pacientes han dado a esta causa.

La medida deriva de una adaptación autonómica a una figura incorporada a nivel estatal en el sistema de dependencia. El grado 3+ se dirige a quienes necesitan cuidados intensivos permanentes y supera los límites de renta que antes restringían el acceso a ciertas prestaciones.

Si bien la iniciativa recibió apoyo unánime, algunos grupos políticos subrayaron que la reforma llega con retraso y pidieron una ampliación para otras categorías de dependencia. Unidas por Extremadura destacó el papel de las asociaciones y familias en impulsar esta legislación, pero reclamó que el sistema de dependencia necesita una reforma más amplia y oportuna.

Con esta normativa, Extremadura busca blindar los derechos de los dependientes graves y mejorar la rapidez y calidad de la respuesta pública en un sector que supone un elevado impacto social.