El glioma de bajo grado con mutación IDH, un tumor cerebral que afecta principalmente a personas entre 36 y 45 años, genera pérdidas significativas en productividad laboral, alcanzando hasta 332 días de baja al año durante los tratamientos de quimioterapia y radioterapia. Durante las primeras fases de la enfermedad, cuando los pacientes están bajo vigilancia activa, las bajas se reducen a una media de 45 días anuales, manteniendo la mayoría su autonomía funcional.
Este tipo de glioma representa el 80 % de los gliomas de bajo grado en España, con una incidencia baja pero de gran impacto social debido a las recaídas frecuentes y secuelas prolongadas que alteran la vida de los pacientes y sus entornos. Según el “Informe económico y social Servier-Fundación Weber”, el costo económico asociado a esta enfermedad varía desde 4.327 euros anuales en fases iniciales hasta más de 16.000 euros tras los tratamientos más agresivos.
El manejo clínico del glioma se extiende a lo largo de una década e incluye etapas de cirugía, vigilancia activa y tratamientos oncológicos. La elección del momento para iniciar la radioterapia y la quimioterapia condiciona no solo la evolución clínica sino también el grado de autonomía y la carga para los cuidadores, quienes enfrentan un aumento considerable de responsabilidades en fases avanzadas de la enfermedad. Postergar estos tratamientos siempre que sea posible contribuye a reducir el impacto social y funcional en los pacientes.
El deterioro funcional y laboral, acompañado por complicaciones en la salud mental, agrava la situación de quienes padecen la enfermedad. Más del 90 % de los pacientes experimenta recurrencia tumoral a largo plazo. Además, cerca del 70 % no puede reincorporarse a un trabajo a tiempo completo un año después del diagnóstico, y hasta un 20 % presenta depresión grave. Problemas como estrés severo, trastorno de estrés postraumático y ansiedad afectan a una gran parte de estos pacientes, dificultando aún más su calidad de vida.
Para afrontar estos desafíos, los pacientes requieren un apoyo multidisciplinar que incluye fisioterapia y psicoterapia, entre otros cuidados. Expertos subrayan la necesidad de integrar la evidencia científica con la práctica clínica para diseñar estrategias que prioricen la calidad de vida, promoviendo la vigilancia activa cuando sea segura y evitando tratamientos prematuros que incrementan las secuelas.
Este consenso multidisciplinar marca un avance para alinear decisiones médicas con el impacto real en pacientes, cuidadores y sistema social, destacando que el retraso justificado en el tratamiento puede minimizar costos y sufrimiento asociados a esta enfermedad crónica y silenciosa.