Los trabajadores del transporte sanitario en Canarias, que suman más de 2.500 entre el sector público y privado, iniciaron una huelga con movilizaciones semanales para exigir la actualización de sus salarios y mejoras en sus condiciones laborales. Estas protestas se producen ante la persistente paralización de la negociación del convenio colectivo con las empresas, que agrupan cinco compañías en la región.

El calendario de huelgas contempla dos jornadas completas durante el mes de junio y, posteriormente, paros todos los viernes de forma indefinida hasta que se alcance un acuerdo satisfactorio. Entre las demandas principales figuran una revisión salarial que compense la pérdida de poder adquisitivo acumulada, el reconocimiento profesional del personal Técnico en Emergencias Sanitarias (TES), la reducción de la jornada laboral y la aprobación de un convenio que responda a la realidad actual del sector.

Los sindicatos convocantes (CCOO, USO y CSIF) denuncian que, frente a estas exigencias, las patronales solo ofrecen una mejora salarial del 13% más un 4% previsto para 2026, propuesta que consideran insuficiente. Por su parte, los trabajadores reclaman un incremento del 21% para actualizar sus sueldos y un 4% retroactivo desde enero de 2026 debido a que sus salarios permanecen congelados desde 2024 y han sufrido una caída de poder adquisitivo estimada entre un 19 y 25%, consecuencia directa de la inflación y el aumento del salario mínimo interprofesional.

Además, el colectivo señala que en otras comunidades autónomas se perciben sueldos superiores por hasta 900 euros, con mejores condiciones laborales y jornadas más reducidas. En Canarias, la situación es más precaria, hecho que generó el estallido de la protesta.

La huelga contempla servicios mínimos del 100%, especialmente en ambulancias de urgencias, emergencias y tratamientos médicos no suspendibles como diálisis, quimioterapia y radioterapia. Sin embargo, los sindicatos consideran abusiva esta medida porque limita el derecho de huelga en condiciones dignas, ya que servicios no urgentes como rehabilitaciones y consultas podrían estar excluidos de los mínimos. Por ello, han solicitado que se revise esta restricción, mientras expresan su intención de endurecer las movilizaciones si no hay avances en las negociaciones.

El último convenio colectivo venció a finales de 2024. Desde entonces, los trabajadores han enfrentado sentencias desfavorables y reclamaciones por parte de las empresas de sumas entre 2.500 y 4.000 euros, vinculadas a no haber aplicado un aumento del 2% en las tablas salariales anteriores. También se registraron ajustes para que determinadas categorías alcancen al menos el Salario Mínimo Vital, lo que ha generado mayor tensión entre las partes.