La Junta de Andalucía tomó la iniciativa para evitar que un documento notarial firmado por Miguel de Cervantes en 1593 salga del país. La Consejería de Cultura y Deporte solicitó al Ministerio de Cultura que declare el manuscrito como bien inexportable antes de su venta pública en una subasta madrileña.
El escrito, fechado el 8 de julio de 1593 en Sevilla, acredita que Cervantes recibió 600 reales de plata por un trabajo relacionado con el suministro de aceite para las galeras destinadas a las Indias. Este documento, identificado como folio CCCXC del protocolo notarial del escribano Luis de Porras, fue arrancado — probablemente en el siglo XIX — del archivo original custodiado por la administración andaluza.
Este manuscrito reapareció públicamente en 1998 durante una subasta en Barcelona, lo que motivó la preocupación de la Junta. Al revisar el Archivo Histórico Provincial de Sevilla, comprobaron que la hoja había sido separada del protocolo y recurrieron judicialmente para recuperar su titularidad pública. Sin embargo, la justicia falló a favor de la posesión privada debido a la consolidación civil de esa situación, pese a no cuestionar la autenticidad o vinculación del documento con los archivos oficiales.
Como resultado de este conflicto, se introdujo un artículo en la Ley de Documentos, Archivos y Patrimonio Documental de Andalucía que declara a los bienes documentales patrimoniales como inalienables, imprescriptibles e inembargables, intentando proteger este tipo de patrimonio cultural en el futuro.
La pieza fue adquirida en aquella subasta por una librería en Londres, pero el Ministerio de Cultura negó una primera solicitud para su exportación, lo que permitió que el documento permaneciera en España hasta ahora. Ante la imposibilidad de recuperarlo por vía judicial, la Consejería insiste en que su salida del país debe prohibirse por su valor histórico y documental, aunque no se trate de una carta manuscrita sino de una escritura notarial con la firma original de Cervantes.