La Administración pública ha incrementado la oferta de plazas destinadas a profesionales tecnológicos, incluyendo especialistas en inteligencia artificial, ciberseguridad y ciencia de datos, en un intento por digitalizar y modernizar sus servicios. Sin embargo, una proporción considerable de estas vacantes queda sin cubrir, reflejando un problema estructural para atraer y retener talento en el sector público.

El origen de esta dificultad radica en la competencia creciente que enfrenta el Estado frente al sector privado, que ofrece salarios y condiciones más atractivas para los perfiles tecnológicos. Esta problemática, que se agrava desde la pandemia, limita la capacidad del sector público para completar sus procesos selectivos en niveles superiores y de gestión, aunque las categorías técnicas auxiliares sí logran cubrir sus plazas.

Un ejemplo ilustrativo es el caso de Guillermo Areán, quien tras años de carrera en un área informática pública, decidió abandonar su puesto y emprender en el sector privado. Su experiencia revela un choque entre la vocación de servicio y las limitaciones burocráticas, donde los roles tecnológicos suelen ser vistos como meros ejecutores que implementan decisiones tomadas por otras áreas, más que como agentes en la toma de decisiones.

Este enfoque provoca que el talento informático no encuentre en el Estado un ámbito que potencie su capacidad innovadora ni que lo involucre en la co-construcción de proyectos estratégicos, alimentando su fuga hacia el sector privado. En consecuencia, a pesar de la subida en plazas tecnológicas —como los casi 1.700 puestos anunciados recientemente para distintos cuerpos y categorías—, muchos cargos quedan vacantes.

El Ministerio de Transformación Digital y Función Pública busca revertir esta situación priorizando la digitalización y el uso avanzado de tecnologías, pero la realidad demuestra que el Estado no solo debe aumentar la oferta de empleo, sino también mejorar las condiciones para atraer expertos. Según las voces del sector, para captar talento no basta la vocación pública; se requiere una remuneración competitiva y un reconocimiento real de su papel en la formulación y desarrollo de decisiones tecnológicas dentro del organismo.