Los arrendatarios del Mercado Municipal de Naguanagua realizaron una protesta pacífica para manifestar su rechazo a la nueva Ordenanza sobre la Organización, Administración y Funcionamiento de los Mercados Municipales, recientemente aprobada por el concejo municipal sin consultar a quienes trabajan en el recinto. Con pancartas y afiches, exigieron ser escuchados y criticaron la exclusión que enfrentan desde hace años.
Esta ordenanza fue dictada sin la participación activa de la comunidad de arrendatarios, lo que califican como una constante violación al derecho a la participación ciudadana. A pesar de haber enviado cartas a la alcaldesa Elizabeth Niño, al presidente de la Cámara Municipal Gerardo Ramírez y a la entidad Servinagua, antes Fundanagua, no han recibido respuestas. Según Elsi Rivas, vocera de los arrendatarios, la aprobación se dio sin ningún consenso, lo que dificulta llegar a acuerdos efectivos.
Desde hace seis años, los arrendatarios han sido excluidos progresivamente de los procesos para dictar normativas y reglamentos que afectan el funcionamiento del mercado. La última ordenanza en la que tuvieron voz y voto entró en vigor hace casi una década. A partir de 2020, en plena crisis sanitaria, comenzó una serie de actualizaciones legales sin consulta alguna, situación que se repitió recientemente con la más reciente ordenanza aprobada a finales de abril.
Entre los aspectos más preocupantes está la protección insuficiente para los adultos mayores, un grupo que representa más de la mitad de los 130 arrendatarios del mercado. Luisana Quintero, delegada de los comerciantes, resaltó que cerca de 70 adultos mayores sostienen históricamente el espacio y pidieron a las autoridades su protección ante posibles vulneraciones.
Aumenta la incertidumbre especialmente con el Artículo 26 de la ordenanza, que permite que el arrendatario designe un encargado, pero no regula las ausencias por motivos de salud, lo que los comerciantes temen que podría justificar desalojos arbitrarios. Ana Mercedes Pérez explicó que muchos arrendatarios, especialmente los adultos mayores, sufren enfermedades crónicas y dependen exclusivamente de estos pequeños negocios para su sustento, un punto que la normativa no contempla.
La falta de claridad en algunos artículos del reglamento genera además preocupación sobre el futuro del mercado y la seguridad jurídica para quienes operan sus locales. Los arrendatarios insisten en que han sido ignorados sistemáticamente y exigen diálogo real y participación efectiva en las decisiones que afectan su fuente de ingreso.