La Fiscalía ha evaluado positivamente el proyecto de ley de Integridad Pública, diseñado para reforzar la lucha contra la corrupción y proteger a las administraciones públicas. Sin embargo, el informe autorizado por el Consejo Fiscal incluye una serie de propuestas para fortalecer la normativa, enfocándose en la responsabilidad penal de las personas jurídicas y la protección en la lucha contra el blanqueo de capitales.
En concreto, el organismo advierte que el anteproyecto no endurece las sanciones para las empresas implicadas en delitos de corrupción, especialmente en casos que afectan a transacciones internacionales. La Fiscalía reclama una equiparación en la pena para estos delitos con otros como el soborno, buscando así evitar una penalidad menor que debilite la eficacia del sistema. Esta recomendación también responde a observaciones de la OCDE para mejorar el marco penal en materia anticorrupción.
Además, el informe sugiere ampliar el catálogo de delitos que implican la prohibición de contratar con el sector público, como una medida eficaz para desalentar la corrupción. Entre los ilícitos que deberían incluirse se mencionan la prevaricación administrativa, los fraudes y la negociación indebida por parte de funcionarios públicos.
Por otra parte, la Fiscalía destaca la necesidad de incorporar una regulación explícita para el decomiso y gestión de criptoactivos en investigaciones penales. Observan que la presencia creciente de estos activos digitales en actividades ilícitas exige un marco jurídico claro que establezca cómo asegurar su decomiso, conservación y posible venta anticipada para evitar la pérdida de valor, facilitando así las labores de persecución judicial y fiscal.
Finalmente, el informe remarca el papel clave de los denunciantes y testigos en la estrategia contra la corrupción y la importancia de fortalecer su protección para garantizar la efectividad de la ley.