El Tribunal Supremo desestimó el recurso presentado por el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats) contra la nueva revisión del Plan Hidrológico del Tajo, confirmando los límites fijados para los caudales ecológicos mínimos. Esta decisión reavivó el enfrentamiento entre Castilla-La Mancha y la Región de Murcia en torno a la gestión del agua, un conflicto que persiste desde hace años.
Mientras en Castilla-La Mancha celebran el fallo como un avance en la protección ambiental y la defensa de los recursos hídricos, en Murcia la reacción fue de rechazo total. El presidente autonómico murciano calificó la sentencia como un ataque que amenaza el sustento de miles de familias y advirtió que no permitirán que el Gobierno central acabe con el trasvase. Denunció además que la resolución responde a criterios políticos más que técnicos, y anunció que las autoridades regionales continuarán batallando para revertir esta situación.
La consejera regional de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca afirmó que el Gobierno de Murcia respeta la sentencia pero no acepta un modelo que reduce el agua sin alternativas viables. Criticó la metodología empleada para fijar los caudales mínimos, señalando que el recorte supone un impacto significativo para la región con beneficios ecológicos limitados. Por ello, exigió una política nacional de agua más equitativa y moderna, apoyada en nuevas infraestructuras y fuentes adicionales.
También desde el Parlamento regional, la oposición del Partido Popular calificó la medida como «sectaria y sibilina», atribuyendo la responsabilidad al Ejecutivo central. Según el portavoz popular, que aclaró que el Tribunal Supremo solo ratificó la potestad del Gobierno para modificar normas, esta facultad no implica que deba adoptar decisiones perjudiciales para Murcia. En sus críticas incluyó a líderes socialistas locales, señalando que la verdadera falla fue el compromiso de limitar el trasvase asumido en 2018 por el presidente del Gobierno.
El trasvase Tajo-Segura es una infraestructura clave que transporta recursos hídricos desde la cuenca del Tajo a la región sureste, principalmente para uso agrícola en Murcia. La fijación de caudales ecológicos mínimos busca garantizar el equilibrio ambiental del río Tajo, una demanda defendida por varias comunidades y ecologistas.