El Tribunal Supremo confirmó que no paralizará de forma cautelar la regularización extraordinaria de inmigrantes impulsada por el Gobierno, a pesar de los recursos presentados por la Comunidad de Madrid y Vox. Estas apelaciones señalaban preocupaciones sobre posibles conflictos con la normativa europea y el impacto sobre los servicios públicos.
Tras celebrar cinco vistas en las que participaron todas las partes implicadas, la Sala de lo Contencioso-Administrativo reconoció la legitimidad para recurrir de la Comunidad de Madrid y Vox, pero decidió no suspender el real decreto mientras se evalúa el fondo del asunto. En cambio, inadmitió los recursos presentados por asociaciones como Hazte Oír, Libertad y Justicia, y la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica por falta de legitimación.
La Comunidad de Madrid había alertado sobre la presión que la medida podría ejercer especialmente en el sistema sanitario regional, estimando que unas 255.000 personas podrían beneficiarse solo en esa comunidad. Por su parte, Vox advirtió de un conflicto con el Pacto Europeo de Migración y Asilo que se activará próximamente, y criticó que la autorización provisional para residir y trabajar podría consolidar derechos difíciles de revertir en caso de anulación judicial.
Frente a estas críticas, la Abogacía del Estado defendió la regularización como un proceso limitado y positivo para la economía y el crecimiento del PIB, basándose en informes favorables del Defensor del Pueblo y del Consejo Económico y Social. El real decreto se puso en marcha el 16 de abril con el fin de otorgar permisos de residencia y trabajo a aproximadamente 500.000 personas.
Según los datos oficiales más recientes, se han registrado 549.596 solicitudes y 91.505 de ellas han sido admitidas a trámite, lo que otorga a esos solicitantes una autorización provisional para residir y trabajar en España. Tras conocerse la decisión del Supremo, el Gobierno valoró positivamente el respaldo y descartó cualquier efecto inmediato sobre el decreto.