El maquinista del tren Alvia que descarriló en Angrois en 2013, Francisco José Garzón, solicitó al Tribunal Constitucional que suspenda su ingreso en prisión mientras se estudia su recurso de amparo. La petición busca evitar un daño irreversible en caso de que se reconozcan vulneraciones de derechos fundamentales durante el proceso.
Garzón fue condenado a dos años y medio de cárcel como único responsable del accidente, tras la absolución del Director de Seguridad de Adif. Su recurso cuestiona la sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña, alegando que no se consideraron condiciones inseguras previas ni varias circunstancias atenuantes, entre ellas la prolongada duración del juicio, que se extendió durante más de una década.
El expediente también plantea que el proceso violó sus derechos constitucionales a la igualdad ante la ley y a una tutela judicial efectiva, ya que, según su defensa, su condena se dictó sin sopesar adecuadamente las pruebas y circunstancias mitigantes. Se subraya que Garzón mostró arrepentimiento, ofreció disculpas públicas, indemnizó económicamente a las víctimas y colaboró desde un primer momento con las autoridades.
En paralelo, el abogado del maquinista solicitó al Ministerio de Justicia un indulto, argumentando que el accidente fue producto de un error profesional sin intención criminal y que Garzón no representa un peligro para la sociedad. Además, destacaron que actualmente está jubilado, presenta problemas de salud y cuida de su madre de avanzada edad, condiciones que complicarían su estancia en prisión.
La petición cuenta con el apoyo del Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf), que consideran la pena privativa de libertad innecesaria y contraria a los principios de reinserción social consagrados en la Constitución. Asimismo, enfatizan que el caso tiene relevancia jurídica y social más allá de lo individual, por lo que el recurso debe ser admitido a trámite.