El Tribunal Supremo ha modificado las reglas para que los trabajadores temporales de las administraciones públicas en Canarias, casi el 38% del total, puedan acceder a la fijeza o recibir una compensación económica por el abuso en la contratación temporal. Esta decisión no implica un cambio legal inmediato, sino que obliga a estas personas a litigar para hacer valer sus derechos.
De acuerdo con la nueva doctrina, los trabajadores temporales que hayan superado un proceso selectivo para un puesto fijo, aunque no hayan obtenido plaza, podrán pedir que su contrato temporal se convierta en uno indefinido fijo. Esto reconoce la violación de los principios de igualdad, mérito y capacidad cuando se mantiene la temporalidad más allá de lo legal, evidenciando una necesidad estructural de la administración.
Por otro lado, quienes no lograron superar ningún proceso selectivo, pero sufrieron abuso en sus contratos, no podrán acceder a la consolidación automática como fijos. Sin embargo, tendrán derecho a reclamar una indemnización que compense los perjuicios sufridos por esta situación. El Tribunal señala que la compensación deberá guiarse por las cuantías establecidas en la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, que oscilan entre mil y diez mil euros dependiendo de la gravedad, aunque reconoce la posibilidad de reclamar montos superiores si se demuestra un daño mayor.
Esta indemnización puede sumarse a la de extinción, que corresponde a 20 días por año trabajado con un máximo de 12 mensualidades en caso de que finalice la relación laboral con la administración.
Además, la sentencia ordena remitir los casos de abuso a la Inspección de Trabajo para que inicie procedimientos sancionadores contra las administraciones que incumplen la normativa. Esto abre camino a un control más riguroso de la contratación temporal en el sector público.