El debate sobre la identidad y la unidad de España vuelve a cobrar protagonismo ante las tensiones políticas que buscan transformar la estructura del Estado. La Constitución, aprobada mayoritariamente por el pueblo español, se presenta como el marco que garantizó un Estado social y democrático, con una monarquía parlamentaria y la coexistencia de un Estado central con diecisiete Comunidades Autónomas.
El autor sostiene que cambiar este sistema, que protege las libertades constitucionales y regula la convivencia de diferentes lenguas y territorios, requiere seguir los procedimientos legales establecidos en la propia Constitución. Subraya que no es aceptable reemplazar el interés general por intereses particulares, que, además, son diversos y frecuentemente contradictorios entre sí.
Este punto de vista rechaza la idea de convertir a España en una nación plurinacional donde las particularidades de algunas regiones se impongan como si fueran el interés común de todos los españoles. Según se expone, esta transformación vulneraría el principio de igualdad reconocido en la Constitución, y pondría en riesgo el equilibrio que permite la convivencia política actual.
Asimismo, se reconoce que el contexto social y político ha cambiado desde la aprobación constitucional. El autor se muestra consciente de que las personas y sus prioridades evolucionan, pero insiste en la necesidad de que cualquier cambio significativo se realice dentro del respeto a la legalidad y al amplio consenso que sustentó el texto constitucional.
Finalmente, se reflexiona sobre la situación política actual, caracterizada por la fragmentación y el predominio de intereses particulares que condicionan las decisiones del Congreso de los Diputados. Esta dinámica afecta la percepción del interés general y alimenta la división, lo que lleva a una nostalgia por el período en que la Constitución fue guía predominante para la acción política común.