La comisión parlamentaria sobre la DANA en las Corts Valencianes está cerca de cerrar sus conclusiones con un pacto entre PP y Vox. Ambos partidos han acordado presentar dictámenes separados pero con un diagnóstico semejante: culpan exclusivamente al Gobierno central por la falta de inversión en infraestructuras hidráulicas y critican la gestión informativa de la Confederación Hidrográfica del Júcar.
Este enfoque deja fuera cualquier responsabilidad política directa del ejecutivo autonómico, ignorando las indicaciones judiciales que señalan a la Generalitat Valenciana por no actuar tras decretarse el nivel de emergencia. En los documentos registrados, que suman más de doscientas páginas, ni siquiera se menciona a dos de los investigados en la causa, Salomé Pradas y Emilio Argüeso, figuras clave durante la crisis.
El consenso parlamentario se extiende a la idea de que el Gobierno central debía asumir el mando único si se hubiera declarado la "emergencia nacional", una competencia estatal. Sin embargo, también se señala que la Generalitat podría haber delegado esa responsabilidad, aspecto que no se desarrolla en profundidad entre PP y Vox.
Por su parte, los grupos PSPV y Compromís rechazan de plano las conclusiones mayoritarias. Los valencianistas califican el proceso como una "farsa" y una "fechoría parlamentaria", criticando la falta de rigor político y humanidad en los trabajos de la comisión. El PSPV denuncia la comisión como una repetición de malas prácticas parlamentarias y un ejercicio de demagogia.
La negociación entre PP y Vox aún debe resolver detalles menores del dictamen, como la inclusión de críticas más contundentes hacia la administración valenciana, propuestas por Vox pero no del todo aceptadas por el PP. A pesar de las diferencias puntuales, se espera que el informe final sea aprobado con los votos conjuntos de ambos partidos.
Este desenlace marca un cierre político que prioriza la defensa del liderazgo autonómico representado por Carlos Mazón, al tiempo que desecha responsabilidades individuales en otros implicados, consolidando un relato que dirige la atención hacia el Ejecutivo central y excluye a autoridades autonómicas clave.