Cerca de mil vecinos de diversas localidades de Castilla-La Mancha se reunieron en la plaza de Zocodover, en Toledo, para manifestar su rechazo a la proliferación de macroplantas de biogás en la región. La movilización convocada por más de veinte colectivos vecinales exigió la suspensión cautelar del Plan Regional de Biometanización 2024-2030, documento impulsado por la Junta de Comunidades que, según los manifestantes, favorece un modelo energético perjudicial para las comunidades afectadas.
Los manifestantes subrayaron que el rechazo al desarrollo de estas instalaciones es extendido y transversal en los municipios implicados. En particular, cuestionan la dimensión de algunos proyectos, como el de Daimiel, que tendría capacidad para procesar hasta 460.000 toneladas anuales de residuos. Además, alertan que muchas macroplantas podrían recibir residuos no solo de sus localidades, sino también de otras zonas, lo que agrava aún más las consecuencias ambientales.
Entre las inquietudes expresadas destacan los posibles impactos sobre la salud pública y el medio ambiente. Se mencionan problemas como la contaminación del aire provocada por malos olores y gases tóxicos como sulfuro de hidrógeno y amoniaco, que podrían derivar en afecciones respiratorias. También preocupa la contaminación de los acuíferos por nitratos y el impacto en los suelos debido al digestato vertido. Estas condiciones podrían afectar además el valor de la propiedad y contribuir a la despoblación de las zonas rurales.
Actualmente, en la provincia de Ciudad Real están proyectadas doce macroplantas en municipios como Llanos del Caudillo, Torralba de Calatrava, Carrión de Calatrava, Daimiel, Manzanares, Membrilla, Valdepeñas, Tomelloso, Socuéllamos y Campo de Criptana. Los vecinos advierten que la Junta de Comunidades y las administraciones locales han llevado a cabo la tramitación de estos proyectos con escasa transparencia, dado que la población, en la mayoría de los casos, tuvo conocimiento de las iniciativas por medios públicos y no a través de consultas o procesos informativos directos.
Este rechazo conjunto se presenta como una demanda para reconsiderar el modelo energético planteado y preservar la calidad de vida y el entorno natural de los municipios afectados. Las plataformas vecinales instan a las autoridades a detener temporalmente el plan para estudiar con mayor detenimiento sus impactos y buscar alternativas más sostenibles y consensuadas.